Cristina Kirchner debió precipitar el anuncio de su nuevo gabinete por dos motivos. Primero, para ponerle fin a su primera “crisis de gabinete”, que estalló cuando Peirano, el hombre que Techint y la UIA pusieron en el Ministerio de Economía, anunció que no seguiría con la nueva presidenta. Segundo, para frenar la lucha de clanes capitalistas desatada en torno de la sucesión de Peirano. Detrás de los nombres y los anuncios, se está disimulando una crisis de carácter general.
Guerra de clanes
El retiro de Peirano se precipitó por sus “graves diferencias” con el secretario Moreno, y como parte de la pelea entre las cliques de Alberto Fernández, por un lado, y de De Vido, por el otro. Cristina confirmó a los dos en el cargo: las guerras de camarillas del gobierno que termina se trasladan intactas al que comienza.
¿Qué separa a los dos clanes? No se trata de “métodos de gobierno diferentes”, como se sugiere hoy cuando Alberto Fernández “lamenta” el “manejo desprolijo” del Indec. Mucho antes de que Moreno instalara a los matones de UPCN en el instituto de estadistícas, el “moderno” Alberto enviaba a la barra de Chacarita contra los trabajadores del Francés.
Es cierto, en cambio, que las dos camarillas chocan por “cuestiones de negocios”. De Vido maneja el fabuloso botín de la obra pública, con el cual ha privilegiado a ciertos grupos capitalistas. Precisamente, Peirano le acaba de objetar la “valuación y garantías” del proyecto del tren de alta velocidad a Rosario, es decir que tenemos a otro Skanska en puerta.
Pero, más de conjunto, la guerra de facciones coloca sobre el tapete todas las contradicciones del orden político y social del kirchnerismo, que la campaña electoral había disimulado.
“Normalización”
En su desplante, Peirano no actuó por cuenta propia. Antes de su paso al costado, el ministro tomó nota “del diagnóstico sombrío que recibió en su último viaje a Washington, en la asamblea anual del FMI”. Allí, “todos los funcionarios e inversores dejaron en claro que (para contener la inflación y negociar con el Club de París) desde diciembre habrá que tomar medidas de ajuste, como la moderación del gasto público, un incremento de las tasas de interés y una apreciación gradual del tipo de cambio” (La Nación, 13/11). Como se ve, el “productivista” Peirano también llevaba bajo el brazo un libreto de “enfriamiento” de la economía. Sus mandantes de la Unión Industrial lo comparten: para la burguesía nacional, la “desaceleración económica” y cierta revaluación de la moneda es el precio que debe pagarse para encaminar un aumento de tarifas y contener los reclamos salariales. Pero la más importante bandera de los patrones de Peirano es la “recuperación del crédito internacional”, es decir, reiniciar un ciclo de endeudamiento con el capital financiero. Para eso, le exigen al gobierno lo mismo que los jefes — actuales o jubilados— del FMI: cerrar el acuerdo con el Club de París y con los bonistas que no aceptaron el canje de 2005. Esto obliga, por supuesto, a un programa de impuestazos, de reducción de gastos sociales y de parte de los subsidios que, hasta hoy, frenaban los aumentos de tarifas.
Como se ve, nada demasiado diferente a los Prat Gay o Lavagna. Pero con una importante diferencia: los devaluadores de la UIA quieren pilotear ellos el “ajuste” que se viene, para arrancarle al gobierno las compensaciones del caso. Entre ellas, la creación de un “banco de desarrollo” que los financie a tasas subsidiadas. Por eso, la retirada de Peirano instaló una lucha encarnizada de fracciones capitalistas respecto de quién piloteaba esa “normalización”. El nombramiento de Martín Lousteau, actual presidente del Bapro, ha calmado por ahora los nervios de la UIA, con quien cogobernó el banco en estos años. Al joven ministro, el Bapro también le sirvió como “escuela” de maniobras contra los salarios y las conquistas de los trabajadores bancarios.
Los barones de la industria sueñan con reabrir el crédito internacional “para la expansión”. Pero si lo obtienen, es más probable que lo terminen usando para sacar el agua del bote. La inmensa hipoteca del pasado — una deuda que sigue representando más del 70% del PBI, junto a las nuevas exigencias del Club de París y los bonistas— tendrá como telón de fondo a una crisis bancaria internacional. En ese cuadro, la pretensión de bajar las tasas de interés sucumbe bajo la permanente salida de capitales, que “no ha remontado desde las elecciones presidenciales” (Ambito, 12/11). Lo mismo ocurre con la caída de los títulos públicos argentinos y hasta de la Bolsa.
Cuando Cristina asuma, también se habrá reinstalado con fuerza la crisis energética. Solamente en Córdoba, los cortes previstos en la industria podrían equipararse a los de julio pasado. Anticipando lo que se viene, el presidente de la asociación de “Grandes Usuarios de Energía” — donde revistan Aluar, Arcor, Fate o Siderca— lanzó su grito de guerra: “los electores estarán contentos, porque pagan el gas menos que la televisión por cable (y) la energía se convirtió en un bien de uso político” (Cronista, 11/11). En el reciente seminario de Idea, los mayores aplausos se los llevó el ex presidente brasileño Cardoso, cuando recordó su aumento tarifario del 200% en ocasión de la crisis energética de 1998. En oposición al racionamiento, la gran patronal reclama que las tarifas residenciales aumenten ahora.
Pacto Social
Con estos frentes de crisis abiertos, el futuro gobierno plantea realizar un “pacto social”, o sea, un cepo sobre los salarios para 2008 y 2009. Para la burocracia sindical, el ajuste salarial que convalide el “pacto” debe partir de lo que llaman una inflación “real” del 14% en 2007, “no la del Indec”. Sin embargo, los institutos de estadísticas del interior acusan, para este año, no menos del 22-25% de aumento. El “índice” de Moyano, por lo tanto, es casi tan trucho como el de Moreno, y convalida una caída del salario del 10% para 2007. Es falso, por lo tanto, que el 22-25% de aumento que la CGT pedirá para “ingresar al pacto” cubra la inflación de 2007 y “la prevista para el año que viene”. De todos modos, esa es sólo la cifra a negociar: “la Directiva cegetista aceptaría una pauta menor y que se llegue al porcentaje pretendido mediante aumento de adicionales o sumas especiales” (Cronista, 12/11). Es decir que el tira y afloje volverá a incluir una mayor intensificación del trabajo, a través de cláusulas flexibilizadoras. Moyano sólo muestra los dientes para forzar al gobierno a seguir pactando con él la liquidación de las conquistas obreras. Lo acaba de demostrar en la crisis de los “puntajes” del transporte en la Capital, donde levantó un paro nacional a cambio de nada.
Inmovilismo
La resultante de todas estas contradicciones explosivas es un brutal inmovilismo político. El “cambio que recién empieza” debuta confirmando a los Fernández, por un lado, y a los De Vido, por el otro.
El gobierno no puede renunciar a los métodos de camarilla para seguir gobernando, aún cuando éstos demuestren su agotamiento manifiesto. El “intervencionismo” del secretario de precios hace agua por todos lados, como se demuestra en el aumento del 30% en los combustibles o prepagas, y el 5% de incremento de la canasta básica sólo en el mes de octubre. En cambio, los colmillos del “gurka” del gobierno sí resultaron efectivos a la hora de golpear al Indec y a sus trabajadores. Pero en este caso, porque contó con la colaboración de las burocracias de ATE y de la CTA. La burguesía “lamenta” los métodos del arbitraje kirchnerista cuando golpea sus intereses particulares, como ocurre con las retenciones al campo. En cambio, celebra todos y cada uno de sus ataques a la clase obrera. No sólo en el Indec, sino también en la represión y el matonaje a los trabajadores del Casino, en los subtes, en el Indec, en el Pescado de Mar del Plata o en el Hospital Francés.
Los resultados electorales le sirvieron al gobierno para ocupar el centro político, a expensas de la derecha, por un lado, y del movimiento obrero y la izquierda que luchan, por el otro. Pero el enjambre de fracciones, lemas y cooptados que construyó esa victoria no alcanza para desarrollar un método de gobierno diferente.
Para la clase obrera y los explotados que enfrentan al gobierno, la etapa que se viene plantea una agenda de lucha y de estrategia política claras. La defensa del salario igual a la canasta familiar ajustado mensualmente; de un doble aguinaldo y de un aumento de emergencia frente a la carestía galopante; la lucha contra los impuestazos y tarifazos; contra el trabajo en negro, el tercerismo y las cláusulas flexibilizadoras; la defensa de las empresas recuperadas contra la tentativa de devolverlas a los vaciadores capitalistas; de las comisiones internas y cuerpos de delegados independientes, de los centros y federaciones estudiantiles. Esta gran agenda exige el desarrollo, en todos lados, de organizaciones autónomas del gobierno y de sus agentes burocráticos, en todas sus vertientes.
El kirchnerismo ingresa en su segundo período sin haber resuelto nada; los trabajadores, con la oportunidad de desarrollar su independencia política, es decir, la construcción de su partido propio.
Marcelo Ramal
